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Mientras Israel siga siendo una democracia, existe la posibilidad de que algún día habrá una mayoría en la Knesset que busque enmendar, reemplazar o abolir esta terrible ley 

 

Susan Hattis Rolef* 

 

La mañana del 19 de julio se aprobó la ley básica “Israel como Estado-nación del pueblo judío” en su tercera discusión en la Knesset (Parlamento), por 62 votos a favor y 55 en contra. 

La intención anunciada de esta ley, como explicó durante el debate el diputado Amir Ohana del Likud –líder del comité encargado de prepararla para la segunda y tercera discusiones– fue más o menos reforzar “los principios sionistas que constituyen el Estado, y el valor del asentamiento judío. Después de 2.000 años en la Diáspora, tenemos un hogar nacional. Es nuestro y debemos decir con orgullo, no en un susurro, que es nuestro. No es un Estado binacional, bilingüe o bi-capital; es el único Estado nacional del pueblo judío, cuyo lenguaje es el hebreo y cuya capital es Jerusalén”. 

Al mantener vaga la conexión entre la tierra de Israel y el Estado de Israel, parece también sugerirse que la afirmación de que “el Estado considera el desarrollo del asentamiento judío como un valor nacional, y actuará para fomentar y promover su desarrollo y consolidación” (Artículo 7), aplica a la totalidad de la tierra de Israel, incluso si el estatus legal de partes de esa tierra aún no ha sido acordado. Lo mismo corresponde, incidentalmente, a “la Jerusalén completa y unificada” como capital de Israel (Artículo 3). 

La ley también ignora la gran brecha que se está produciendo entre el Estado de Israel y grandes porciones del judaísmo mundial, ante las políticas antiliberales del actual gobierno israelí y su continua discriminación de las corrientes judías no ortodoxas; al contrario, continúa haciendo referencia a los lazos entre Israel y los judíos de la Diáspora en los viejos términos patriarcales de cuidar por seguridad y preservar “la herencia cultural, histórica y religiosa del pueblo judío en la Diáspora” (artículo 6). 

No quiero decir que muchas de las aspiraciones mencionadas en la ley no sean válidas. Es solo que la forma de realizar esas aspiraciones no debería ser por medio de una ley básica vagamente redactada, que se aprobó por una mayoría estrecha, sino a través de políticas que incrementen la probabilidad de que la apoyen la comunidad internacional y el judaísmo mundial, incluyendo un esfuerzo honesto por alcanzar una solución parcial o comprehensiva de los varios componentes del conflicto palestino-israelí, así como esfuerzos sinceros para convertir al Estado de Israel, dentro de fronteras reconocidas, en un Estado cuyos ciudadanos árabes, y cada judío del mundo, se sientan bienvenidos y en casa. 

No quiero decir que muchas de las aspiraciones mencionadas en la ley no sean válidas. Es solo que la forma de realizar esas aspiraciones no debería ser por medio de una ley básica vagamente redactada, que se aprobó por una mayoría estrecha 

Más allá de los problemas fundamentales de esta ley, también hay algunos inconvenientes específicos que el Comité Ohana no fue capaz o no quiso resolver satisfactoriamente. Por ejemplo, el texto originalmente introducido por el líder del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, Avi Dichter, ante la 18ª Knesset (cuando era diputado por Kadima), incluía un artículo según el cual “el Estado de Israel tiene un régimen democrático”. En el proyecto que sometió ante la actual Knesset, como miembro del Likud, había otro artículo que establecía: “El objetivo de esta ley básica es defender el estatus de Israel como Estado-nación del pueblo judío, con la finalidad de fundamentar los valores de Israel como Estado judío y democrático, en el espíritu de los principios que aparecen en la Declaración de Independencia”. 

En la versión final de la ley la palabra “democracia” ha desaparecido. Ciertamente, el término tampoco aparece en la Declaración de Independencia, pero esta incluyó algunos de los principios fundamentales de la democracia cuando estableció que “El Estado de Israel asegurará la completa igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus habitantes, sin importar su religión, raza o sexo”, lo cual está ausente de la nueva ley. 

La nueva ley también degrada el estatus del idioma árabe, al pasar de lengua oficial a una con estatus especial, aunque incluye una cláusula que establece que “nada de lo dicho en este artículo puede perjudicar el estatus que se otorgó al árabe antes de que esta ley entrara en vigencia” (Artículo 4). Un oxímoron. 

Sin embargo, debería hacerse reconocimiento al Comité Ohana por el hecho de que logró suavizar o eliminar de la ley algunos de sus artículos más objetables, como el que mencionaba la “legislación judía” como una de las fuentes en que las cortes deberían basar sus decisiones (gracias al hecho de que Ohana es gay, y rechaza lo que esa legislación dice sobre los gays). El comité también descartó una cláusula que habría permitido implícitamente que los asentamientos judíos excluyeran legalmente a habitantes árabes. 

Hace solo algunos meses, se asumía que la aprobación de la ley sería suspendida hasta que finalice el período de la 20ª Knesset, porque sería difícil resolver antes algunos temas. Sin embargo, aparentemente el primer ministro Netanyahu cambió de opinión, y decidió agregar esta ley básica como una pluma más para su capa en vista de las elecciones que se aproximan. 

Aunque esta nueva ley básica es ahora parte de la legislación israelí, este no es necesariamente el final de la historia. El artículo 11 establece que la ley puede cambiarse a través de una ley alternativa adoptada por una mayoría de diputados. Mientras Israel siga siendo una democracia, existe la posibilidad de que algún día habrá una mayoría en la Knesset que busque enmendar, reemplazar o abolir esta terrible ley. Tarde o temprano ese día llegará. 

 

*Internacionalista y académica israelí, escritora y ex funcionaria de la Knesset. 

Fuente: The Jerusalem Post. Traducción NMI. 

 

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